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(21 DE NOVIEMBRE, 2024).-El pleno del Senado discutirá la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual propone un ajuste en la estructura del Poder Ejecutivo con el objetivo de fortalecer áreas clave para el desarrollo social, económico y tecnológico del país.
El proyecto establece la creación de la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Además, se modifica la denominación de la Secretaría de la Función Pública, que pasará a llamarse Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a la cual se le asignarán nuevas facultades en materia de transparencia, protección de datos personales y profesionalización pública.
Esta discusión se desarrolla en un contexto en el que la Cámara de Diputados aprobó el día de ayer un dictamen que reforma y elimina siete órganos autónomos, entre los que se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNG).
Además, se reestructuran algunas funciones de los órganos autónomos que ahora serán transferidas al Poder Ejecutivo:
- Transparencia y protección de datos personales: Serán asumidas por la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control.
- Medición de pobreza y evaluación de políticas sociales: Serán integradas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
- Regulación en materia energética y de hidrocarburos: Se concentrará en la dependencia encargada de la política energética.
- Radiodifusión y telecomunicaciones: Sus atribuciones serán asumidas por la dependencia encargada de conducir estas políticas.
Las discusiones continuarán tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, buscando que la administración pública sea más eficiente y económica, pero sin perder de vista la necesidad de preservar funciones clave para garantizar una democracia accesible y transparente para todos.
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